Tema 12: La transición a la democracia

(Adaptado y resumido desde http://perseo.sabuco.com/historia/transicionx.pdf)

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA DE 1975 A 1982

1. Los primeros pasos: de Arias Navarro a Adolfo Suárez.

Después de la muerte de Franco, se planteaban en España tres posibles alternativas políticas a seguir:


• El continuismo del sistema político franquista, postura defendida por los franquistas puros o inmovilistas, el búnker.

• La ruptura democrática, es decir, la formación de un gobierno provisional que pondría fin a las instituciones franquistas y convocaría elecciones a unas Cortes constituyentes. Era la postura defendida por los grupos políticos que se habían opuesto al franquismo.

• La reforma del sistema político a partir de las instituciones y de las leyes franquistas hasta alcanzar una democracia plena.

En la vía a seguir, la posición de partida del rey Juan Carlos I era fundamental. El monarca optó por la vía reformista y será el motor del cambio político. ¿Cómo instaurar la democracia? Desde la propia legalidad franquista el régimen autoritario será desmantelado a través de un proceso de reforma política capitaneado por el presidente del gobierno Adolfo Suárez.

a) El gobierno de Arias Navarro. La oposición política (diciembre 1975-julio 1976).

A la muerte de Franco, el rey mantuvo al frente del gobierno a Arias Navarro, un convencido franquista al que no se le podía pedir, como se vio desde muy pronto, que liderara la transición hacia un sistema político democrático. Mientras, en el primer trimestre de 1976 se producen cerca de 18.000 huelgas (seis veces más que en todo el año anterior). En la oleada de huelgas la más grave fue la huelga general en Vitoria (3 de marzo de 1976: donde mueren cuatro trabajadores y hubo más de cien heridos). Los sucesos de Vitoria posibilitaron, a su vez, la unidad de la oposición (la Junta Democrática, dirigida por el PCE y la Plataforma de Convergencia, liderada por el PSOE) constituyéndose Coordinación Democrática, conocida también como Platajunta. Algunos de sus dirigentes fueron detenidos por el gobierno. En estas condiciones era imposible establecer un clima de diálogo entre gobierno y oposición. A todo esto, y paralelamente, tenían lugar grandes manifestaciones proamnistía y movilizaciones en Cataluña y País Vasco a favor de la autonomía. También, tras una breve tregua, ETA reanudó su actividad terrorista.

En definitiva, este gobierno estaba desbordado. Arias Navarro era un hombre políticamente agotado, su relevo era necesario: el 1 de julio, en efecto, Arias presentaba la dimisión. Dos días después el monarca sorprendía a propios y extraños con un nombramiento inesperado para la presidencia del gobierno: Adolfo Suárez.

2. El gobierno de Adolfo Suárez. La Ley para la Reforma Política (julio 1976-junio 1977).

El nombramiento de Adolfo Suárez causó una gran decepción entre la oposición y entre los sectores reformistas del franquismo. Sus antecedentes así parecían demostrarlo: había sido ministro del Movimiento en el gobierno de Arias y había ocupado numerosos cargos en el régimen de Franco. En su elección fue clave la actuación del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, que vio en Suárez al político que el rey necesitaba poner al frente del gobierno para impulsar la reforma hacia el sistema democrático.

Suárez y su gobierno, en efecto, demostraron inmediatamente su voluntad hacia la consecución de la democracia. En julio (1976) se legalizaban los derechos de reunión, manifestación y asociación. Se aprobó una amnistía que posibilitó la excarcelación de numerosos presos del franquismo; se iniciaron contactos con las centrales sindicales y hubo reuniones, en secreto, con los socialistas (Felipe González, líder del PSOE) y comunistas (Santiago Carrillo, líder del PCE).

Conforme avanzaban los días, los obstáculos a la reforma le surgían del propio Ejército y de los sectores inmovilistas. En septiembre, era cesado el vicepresidente del gobierno para Asuntos de la Defensa, teniente general Fernando de Santiago, al oponerse a la reforma sindical y a la legalización de las centrales sindicales. Para sustituirle, Suárez nombró entonces al teniente general Gutiérrez Mellado, que será otro de los puntales del proceso de reforma, en este caso, para la reforma militar.

El gobierno de Suárez seguía en su empeño de acabar con el franquismo desde el franquismo. La tarea no era tan fácil y hubo momentos en que el objetivo de instaurar la democracia podía verse frenado. Veremos a continuación los pasos más importantes hasta la celebración de las elecciones generales el 15 de junio de 1977:

a) La Ley de Reforma Política (15 de diciembre de 1976) y las dificultades.

Esta ley fue la pieza esencial para el logro de la reforma. En esencia, la ley acababa con el franquismo a partir de su propia legalidad y establecía un sistema bicameral (un Congreso y un Senado) elegido por sufragio universal. Suárez la llevó a las Cortes en octubre (1976). El gobierno y Torcuato Fernández Miranda, como presidente de las Cortes, hicieron denodados esfuerzos para asegurarse una votación favorable. En noviembre era aprobada por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Sometida a referéndum, el 15 de diciembre, votó el 77,4% del censo, los votos afirmativos fueron el 94.4% y los negativos el 2,6%. El 4 de enero de 1977 la ley de Reforma Política entraba en vigor y, en consecuencia, el gobierno estaba obligado a convocar elecciones para elegir dos cámaras (un Congreso y un Senado).
La vía hacia la democracia estaba asegurada. Pero no todo iba por un camino de rosas. En el País Vasco se vivía bajo una fuerte tensión por la lucha por la amnistía de los presos vascos, los enfrentamientos entre policías y manifestantes y por las acciones terroristas de ETA. En Cataluña no se vivía bajo esa violencia, pero el sentimiento nacionalista estaba muy presente.
La fragilidad del proceso seguía presente con los secuestros protagonizados por el GRAPO en diciembre de 1976 y enero del siguiente; también, el 24 de enero (1977) pistoleros de ultraderecha asesinaban a cinco abogados laboralistas del PCE en su despacho de la calle Atocha de Madrid.

b) La legalización de los partidos políticos (febrero de 1977) y la convocatoria de elecciones a Cortes.

Tras la aprobación de la Ley de Reforma Política, las iniciativas de la oposición dejaron de manifestarse a través de Coordinación Democrática para recaer en cada uno de los partidos. Legalizados casi todos en febrero de 1977, en esta nueva dinámica, la legalización del PCE era necesaria. Si se quería convocar elecciones verdaderamente democráticas era imprescindible que el PCE pudiera presentarse.

Su legalización tropezaba con resistencias en el seno de las fuerzas armadas y dentro del propio gobierno. Suárez solucionó la crisis legalizando por decreto-ley al PCE el 9 de abril, sábado de gloria. La decisión molestó a los militares; los dirigentes del PCE, y sobre todo Santiago Carrillo, se manifestaron con moderación aceptando la monarquía como forma de Estado y abandonando los símbolos republicanos (bandera, himno), no sin mucha contestación interna.

Convocadas el 15 de abril, las elecciones se celebraron dos meses después, el 15 de junio. La actividad política en estos meses de abril a junio fue intensa. También, poco antes de las elecciones, don Juan de Borbón, padre del monarca, cedía oficialmente sus derechos al trono español a su hijo, cerrándose así otro motivo más de incertidumbre.

3. Elecciones de 15 de junio de 1977 y consenso constituyente.

a) Partidos políticos y resultados electorales.

Adolfo Suárez acudió a las elecciones al frente de Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos de ideología democristiana, socialdemócrata y liberal. A su derecha quedaba Alianza Popular (AP), encabezada por Manuel Fraga Iribarne, donde se agruparon diversos sectores, personalidades y ex ministros de Franco.

A la izquierda figuraba el PSOE, bajo su líder Felipe González, el Partido Socialista Popular (PSP), dirigido por Enrique Tierno Galván, partido que terminó integrándose en el PSOE y el PCE de Santiago Carrillo. A la izquierda del PCE, como a la derecha de AP, figuraban otras agrupaciones políticas con muy pocas posibilidades electorales: entre ellas cabe citar a Fuerza Nueva, en la ultraderecha, y el Partido Comunista de España Marxista-Leninista, en la extrema izquierda. Por último, en Cataluña y el País Vasco resurgieron las organizaciones nacionalistas, como el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) y el Partido Nacionalista Vasco.

Votó el 78,7% del electorado. UCD consiguió el 34,6% y 165 escaños; le seguía el PSOE con el 29,3% y 118 escaños; el PCE, el 9,4% y 20 escaños y AP con el 8,3% y 16 escaños. En cuanto al nacionalismo obtuvo una buena representación en Cataluña y en el País Vasco.

b) El proceso constituyente y el consenso. Los Pactos de la Moncloa, el terrorismo y la cuestión nacionalista.

Abiertas las Cortes, Suárez, aunque su partido no obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso, recibió el apoyo necesario para mantenerse como presidente del gobierno. La etapa que se abrió estuvo dominada por una política de consenso, es decir, de acuerdos entre las fuerzas políticas para aprobar las reformas necesarias para edificar el sistema democrático.

Si en lo político el objetivo fundamental era la redacción de la Constitución, en lo económico el fin primordial era combatir la grave crisis económica. Desde hacía varios años los sucesivos gobiernos habían aparcado la toma de decisiones en este sentido y ahora la situación era insostenible: una inflación situada en el 24,7% en 1977, aumento del paro, déficit exterior galopante… El gobierno de Suárez propuso un pacto a todas las fuerzas políticas y sindicales para combatir la crisis, basado en la contención de los salarios, la devaluación de la peseta, una política monetaria restrictiva para reducir la masa monetaria en circulación, proceder a una reforma fiscal... Estos acuerdos, conocidos como los Pactos de la Moncloa, fueron aprobados por todas las formaciones el día 27 de octubre de 1977. Como se comprueba, el consenso fue la tónica dominante, todas las formaciones se comprometieron a luchar contra la crisis, incluyendo a la patronal y a los sindicatos. Este apoyo al gobierno fue imprescindible para poder avanzar en el camino hacia la democracia. Esta política de consenso culminaría en la elaboración de la Constitución.

Mientras tanto, el país era sacudido por el terrorismo, con durísimos ataques por organizaciones extremistas de derecha y de izquierda. A pesar de la amnistía (Ley de 15 de octubre de 1977), que daba libertad a los presos de ETA ésta continua atentando. Sus objetivos eran los militares a los que se les quería provocar para que bloquearan el proceso hacia la democracia: en 1978 ETA mató a 65 personas y, entre 1975 y 1980, a 236.

Otro tema de fuerte actualidad era la cuestión nacionalista. Ello se resolvió restableciendo de forma provisional la Generalitat de Cataluña. En junio de 1977 se entrevistaba Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio, con el rey y con el presidente del gobierno. Fruto de estas entrevistas, el 29 de septiembre se restablecía la Generalitat y el 23 de octubre Tarradellas se presentaba en Barcelona donde era recibido en un clima de entusiasmo. También se puso en marcha un gobierno preautonómico en el País Vasco. A lo largo de 1978 se extendió a todo el territorio español el régimen preautonómico (Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía…). Por tanto, el gobierno impulsó la generalización de las autonomías antes de que la Constitución estableciera la estructura territorial de España.

4. La Constitución de 1978.

El encargo de elaborar la Constitución recayó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, integrada por 36 diputados de los diferentes partidos, que, a su vez, designó a un grupo de siete miembros para la redacción del texto constitucional: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (de UCD), Jordi Solé Tura (del PCE), Gregorio Peces Barba (del PSOE), Fraga Iribarne (de AP), Miguel Roca (de CiU).

En su redacción hubo momentos donde las diferencias ideológicas eran evidentes, pero prevaleció el espíritu de consenso, elaborar una Constitución que no fuera la imposición de una sola ideología sino la síntesis de posiciones ideológicas divergentes.

Tras ser largamente debatida en las Cortes, ambas cámaras, el Congreso y el Senado, en sesión conjunta, el 31 de octubre de 1978, aprobaron el texto constitucional. A continuación fue aprobada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre: votó un 67% del censo; los votos afirmativos representaron el 88%, y los negativos el 8% (pero en el País Vasco, la abstención del PNV contribuyó a que votara el 53% del electorado vasco). La Constitución fue sancionada por el rey y entró en vigor el día 29 de diciembre.

a) Valores y principios.

La Constitución de 1978 (con 169 artículos) recoge en su Título Preliminar un conjunto de principios y valores que vienen a definir a España como un “Estado social y democrático de derecho”, en consecuencia, se fija el sometimiento de todos los poderes del Estado a la legalidad, a lo que marque la Ley, el Derecho. Establece que la “soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; indica que la forma política del Estado español “es la monarquía parlamentaria”; por último, hace saber que el Estado se fundamenta en la “indisoluble unidad de la nación española” pero reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de “nacionalidades” y regiones.La Constitución de 1978 reconoce y garantiza todas las libertades democráticas; ha abolido la pena muerte y fija la mayoría de edad en los 18 años; no reconoce religión estatal, es aconfesional, pero declara que el Estado ha de tener en cuenta las “creencias religiosas de la sociedad española y el significado de la Iglesia católica en España” (esto último añadido en los debates finales, no presente en el anteproyecto). Garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de empresa, la economía de mercado y, entre otros, los derechos a la vida, a la huelga y a la educación.

b) Las instituciones y la configuración del Estado de las autonomías.

El rey desempeña la Jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, su cargo es vitalicio y la corona hereditaria. Ejerce la representación simbólica y protocolaria del Estado, sanciona las leyes aprobadas por las Cortes y tiene un poder moderador del sistema político.

La Constitución reconoce la separación e independencia de los tres poderes. El poder legislativo reside en las Cortes Generales, que están formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado, elegidas por sufragio universal directo. El poder ejecutivo es responsabilidad del gobierno, que se compone del presidente, los vicepresidentes y los ministros. El presidente del gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados a propuesta del rey. Por otro lado, la acción del gobierno está sometida al control de las Cortes. El poder judicial, por su parte, corresponde a jueces y magistrados, sometidos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Éste se ocupa de controlar la constitucionalidad de las leyes, y también resuelve los posibles conflictos entre las normas aprobadas por los parlamentos de las Comunidades autónomas y las normativas del Estado.

En cuanto a la organización territorial del Estado español (Título VIII), la Constitución ha querido dar respuesta, a través de las autonomías, a la reivindicación histórica que el nacionalismo vasco y catalán ha venido demandando desde finales del siglo XIX. La Constitución declara, en efecto, que España está integrada por diversas “nacionalidades” (se sobreentendió que eran el País Vasco, Cataluña y Galicia) y regiones que acceden a su autogobierno, asumen determinadas funciones y competencias, las cuales aparecen descritas en sus respectivos Estatutos de autonomía, que tienen que ser aprobados por las Cortes. Cumplido el proceso de organización territorial, España cuenta con 17 Comunidades y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).

5. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DE 1979 A 1982.

a) El gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981).

Una vez aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones para el 1 de marzo de 1979. La UCD, con 168 escaños, volvió a ganar y Adolfo Suárez siguió al frente del gobierno; el PSOE quedó en segundo lugar; el PCE se convirtió en la tercera fuerza política. La derecha representada por Coalición Democrática, resultado de la coalición de AP con diversos grupos, bajó en votos, en cambio, los partidos nacionalistas/regionalistas ampliaron su representación. En abril, se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas, y aunque la UCD obtuvo más votos y concejales, la izquierda consiguió hacerse con la mayoría de las grandes ciudades gracias al pacto del PSOE y PCE.

Las Cortes aprobaron los Estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña (1979). Ahora bien, el consenso de la etapa anterior se rompió y el PSOE con otros partidos acentuaron sus críticas al gobierno.
El proceso autonómico preocupaba al gobierno y quiso “racionalizarlo”, a lo que se opuso Andalucía, que, con el apoyo del PSOE, defendía una autonomía similar a la del País Vasco o a la de Cataluña.
En marzo de 1980 se celebraron elecciones autonómicas en el País Vasco y en Cataluña, que dieron el triunfo a los nacionalistas en los dos casos: Convergencia i Unió (CiU), con Jordi Pujol a la cabeza en Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el País Vasco, mientras la UCD recibía un fuerte varapalo al perder la mitad de los votos conseguidos en 1979.
Sin embargo, los problemas principales de Suárez no venían de la oposición o de los fracasos electorales, venían del interior de su propio partido. La UCD era una coalición no suficientemente cohesionada donde cada líder de un sector intentaba hacer valer sus ideas, por tanto, los principales “barones” obstaculizaban continuamente la labor del presidente que veía como sus apoyos se reducían en el interior de la UCD.
El PSOE, mientras tanto, ganaba en aceptación. Decidió practicar una política firme y dura contra el gobierno. Ante una UCD con problemas, el PSOE se reforzaba. En mayo de 1980, además, Felipe González presentó una moción de censura al gobierno, que no triunfó pero le dio más popularidad. Con la amenaza de una moción de censura desde su propio partido, y con los incesantes rumores de un golpe militar inminente,  Adolfo Suárez presentó su dimisión el 29 de enero de 1981. El rey designó a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia. La segunda ronda para su investidura como presidente del gobierno quedó fijada para el día 23 de febrero.

b) El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En el Ejército había sectores contrarios al proceso democrático y los ánimos estaban muy caldeados ante la escalada terrorista de ETA, la aprobación de los estatutos de autonomía y la reforma de Ejército (nota curiosa: muchos oficiales citaban como motivo de preocupación adicional la popularización de la pornografía, que al desaparecer la censura se había vuelto visible en kioskos y librerías ante el escándalo de los bienpensantes). Había, en definitiva, militares dispuestos a protagonizar un golpe de Estado (!!en España!!,   !!mátame, camión!!). El momento elegido: poco después de las seis de la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se estaba realizando en el Congreso de los Diputados la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Suárez en la presidencia del gobierno. Guardias civiles armados al mando del teniente coronel Antonio Tejero se apoderaban del Congreso de los Diputados y del gobierno. A continuación anunciaron que una autoridad “militar, por supuesto”, acudiría a la Cámara para hacerse cargo de la situación. Paralelamente, el capitán general de la región militar de Valencia, el general Milans del Bosch, declaró el Estado de guerra y sacó los tanques a la calle. También, la División Acorazada Brunete (Madrid) ocupaba las estaciones de radio y televisión de la capital. Finalmente, el general Alfonso Armada, cercano al Rey, intentaba maniobrar para hacer creer a los capitanes generales que el monarca apoyaba el golpe.

El golpe militar fracasó. Con la ayuda de los miembros del Estado Mayor de los ejércitos el Rey contactó con todas las regiones militares para que se mantuviera la disciplina militar y la defensa de la legalidad. A la 1.15 de la madrugada del día 24, anunció en televisión que el golpe había fracasado.

c) El gobierno de Calvo Sotelo.

Dos días después del golpe, Calvo Sotelo era nombrado presidente de un gobierno que duraría año y medio y que estaría presidido por las disensiones internas en el seno de la UCD; sin embargo, el intento de golpe de Estado contribuyó a rebajar la tensión política.

En junio de 1981 se aprobaba la ley del divorcio, con los votos también de la izquierda. En julio de 1982 el gobierno y el PSOE acordaron unos “pactos autonómicos” para racionalizar el proceso autonómico aprobando, con ese fin, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Al respecto no puede olvidarse que durante esta etapa de gobierno tuvo lugar la aprobación de muchos de los Estatutos de autonomía (menos Extremadura, Baleares, Castilla y León y Madrid que se aprobarían en 1983).

El gobierno de Calvo Sotelo tomó otra medida de gran importancia en política exterior: la entrada de España en la OTAN, que se hizo efectiva en mayo de 1982 y a la que se opuso la izquierda, incluido el PSOE (al menos de entrada...)

Mientras, el grupo parlamentario de la UCD se fragmentaba. Entre 1981 y 1982 abandonan la UCD los socialdemócratas, un sector democristiano y el mismo Adolfo Suárez, que creó su propio partido: Centro Democrático y Social (CDS). En la izquierda, en concreto en el PCE, también había problemas. La dirección del PCE tenía enfrentamientos con el PSUC, partido comunista catalán, y el PC de Euskadi. En contraste, el PSOE ofrecía una imagen de unidad en torno a su líder, Felipe González.

En este contexto, Calvo Sotelo, que estaba viendo cómo se rompía su partido, no tenía más remedio que convocar elecciones anticipadas, celebradas el 28 de octubre de 1982, que supusieron un formidable triunfo del PSOE con 10 millones de votos, casi el doble que en 1979, y 202 escaños, 80 más que en 1979. Se ponía fin a la etapa centrista y se inauguraba otra de gobiernos socialistas que estarán en el poder hasta 1996.